EFE El fiscal solicita penas que suman 15 años de cárcel para tres personas acusadas de un presunto delito de estafa inmobiliaria por vender parcelas y viviendas en Elche sobre las que pesaban decretos municipales de demolición al haber sido construidas en suelo no urbanizable y sin las licencias perceptivas.
Según las conclusiones provisionales del ministerio público, uno de los procesados era administrador único de una mercantil dedicada a la venta de terrenos y construcción de viviendas, así como de una inmobiliaria.
Un segundo acusado era socio del anterior en esas empresas y el tercero trabajaba para ambas mercantiles, en las que desempeñaba labores de traducción.
Los afectados por la presunta estafa inmobiliaria son doce ciudadanos extranjeros que desconocían la situación anómala de las parcelas y de las viviendas cuando firmaron los contratos privados con las mercantiles por los que adquirieron esas propiedades.
Los terrenos vendidos pertenecían en propiedad a la inmobiliaria de los acusados y los diferentes contratos se suscribieron entre enero de 2003 y enero de 2005.
El fiscal sostiene que los acusados, "con ánimo de ilícito enriquecimiento", anunciaron y publicitaron, a través de revistas extranjeras, de la página web de una de las empresas y en la oficina de la misma, la venta de las parcelas, la posterior construcción de las viviendas en cada uno de los terrenos y los servicios de gestión integral y asesoría jurídica.
Las parcelas estaban ubicadas en la urbanización Sierra del Molar, dentro del término municipal ilicitano.
Según la acusación pública, los procesados mostraban a los interesados viviendas ya edificadas en parcelas situadas en la fase primera de la citada urbanización como pisos piloto.
"Sin embargo, los acusados no solicitaron ninguna de las licencias y autorizaciones reglamentarias para llevar a cabo la anunciada promoción" y construyeron las viviendas en fincas enclavadas "en suelo clasificado como no urbanizable y sin respetar la normativa urbanística vigente", se relata en las conclusiones provisionales del fiscal.
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Elche incoó durante 2004 sucesivos expedientes sancionadores por infracción urbanística y dictó los correspondientes decretos de demolición.
Los perjudicados no tuvieron conocimiento de ninguno de los expedientes sancionadores, a pesar de que habían sido notificados en el domicilio social de la mercantil dedicada a la venta de terrenos y construcción de viviendas, y a los propios acusados, quienes, según el ministerio público, "tenían perfecto conocimiento de los mismos".
"Éstos no comunicaron a los agraviados, en ningún momento, la existencia de los expedientes, ni de los decretos de demolición", pero cobraron periódicamente los pagos sucesivos que les hacían para la construcción de las respectivas viviendas, según el fiscal.
Por estos hechos, la acusación pública pide para cada uno de los procesados cinco años de prisión y diez meses de multa a razón de 20 euros de cuota diaria por un delito de estafa agravada inmobiliaria previsto en los artículos 248.1 y 250.1 del Código Penal.
Además, solicita que se indemnice a los afectados por la estafa con la cantidad en la que se tasen los perjuicios irrogados, los cuales superan en exceso los 400 euros.
Sobre este último punto, la fiscalía considera que las dos mercantiles son responsables civiles directas y solidarias.
El juicio por esta causa se celebrará a partir del próximo lunes, 3 de octubre, en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche.
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